La ley de educación

Al fin, se ha parido la Ley de Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez y, como era de esperarse, aunque no fuese lo mejor, no todos han quedado conformes. Se trata del segundo intento, después de la reforma educativa de 1994, por torcer la realidad de un sector atrasado respecto de sus similares en la región. Las expectativas están puestas en el futuro de la educación.

La elaboración definitiva de esta ley tuvo que sortear diferentes etapas y llevó años de estudio y de recolección de propuestas. La Asamblea Legislativa Plurinacional, en rigor, poco tiene que ver con ella, más allá de que haya cumplido con su misión de aprobarla para dejarla en manos del presidente Evo Morales, quien la promulgará mañana.

Los sectores involucrados contaron con el tiempo y los espacios suficientes para aportar a esta norma. Que no lo hayan hecho o que no hayan sido tomados en cuenta es otra historia, ligada a intereses políticos, de la que también hay que hablar. Como en el caso de la Ley de Pensiones, si grupos importantes de la sociedad no han quedado conformes con la ley de educación, es un problema más serio de lo que se cree. El consenso era vital y el Gobierno no lo ha logrado, pese a que tampoco ha enfrentado un clima del todo adverso.

La ley, en sí, no es mala. Las principales críticas apuntan al carácter de ideologización que sostiene su estructura; los fundamentos de una educación “liberadora”, “revolucionaria” o “antiimperialista” revelan una orientación específica de la que el Gobierno, por lo demás, no reniega. Por ahí va la polémica, nada jalada de los cabellos si se atiende el criterio de que la educación, desde lo intrínseco de su articulado normativo, no tiene por qué uniformarse siguiendo el dictado de tal o cual instrucción ideológica. Pero, siendo prácticos, se debía actuar en consonancia con la nueva Constitución Política del Estado y, guste o no, plasmar en la ley los conceptos antes incorporados dentro de ese texto marco.

Una rápida lectura de la ley confirma las observaciones de que la ley es centralista y empodera al Ministerio de Educación; vuelve a evidenciarse la pelea con la Iglesia Católica; y un complejo entramado de institutos, escuelas superiores, centros de capacitación interculturales, consejos y congresos, a veces locales, regionales, comunitarios, nacionales o plurinacionales, más un observatorio de la calidad educativa, amenaza al nuevo y ambicioso sistema educativo.

Luego, a buena hora se insiste en la reafirmación cultural de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Lo mismo que, siendo una educación laica, se garantiza la libertad de conciencia y de fe, así como la enseñanza de religión, respetando y propiciando el diálogo interreligioso.

La ley es rica en materia de derechos de personas y de pueblos.

La Razón