José Gramunt de Moragas: ¿Educación revolucionaria?

*José Gramunt de Moragas
es sacerdote jesuita y director de ANF.

Estaba previsto que el MAS ignoraría las observaciones al Proyecto de Ley de la Educación que, el lunes pasado, los obispos presentaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Qué otra cosa podía esperarse si en el capítulo II inciso 1 se dictamina que la educación “es liberadora, revolucionaria, anti-imperialista, despatrializadora y transformadora de sus estructuras económicas y sociales, orientada a la reafirmación de las naciones y pueblos originarios campesinos, las comunidades interculturales y afro-bolivianas en la construcción del Estado Plurinacional y el vivir bien”? ¡Digiéranme, si pueden, esta empanada!

Si pues los obispos tenían mucho que proponer, no era en vano. Léanse las siguientes cifras y  quedará claro lo que el gobierno del MAS se emperra en no entender. La Conferencia Episcopal de Bolivia administra 1.500 unidades educativas de convenio que benefician a 445.000 estudiantes (y estudiantas) de bajos recursos económicos y que absorben a más de 30.000 profesores (as) en todo el país. Pues bien, para la Comisión de Educación de la Cámara Legislativa Plurinacional, esas cifran no cuentan para nada. Una vez que los obispos presentaron su documento, los compañeros y compañeras diputados y diputadas, lo echaron al basurero y aprobaron a toda prisa, y sin mayores consideraciones, el proyecto que les ordenó el Gobierno. El poder es el poder. Se utiliza a gusto de quien manda. Así ha resultado el proyecto oficial: grandilocuente, ambiguo, demagógico, repetitivo, empalagoso y poseedor de otras virtudes que ya conocemos a través de discursos, arengas, más proyectos, más leyes, más empanadas literarias, legislativas y oratorias.

En el texto oficial se vuelve a definir la educación, pero en otros términos: “La educación es unitaria, pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora y de calidad”. Veamos: “unitaria” y “pública”. ¿Qué pasa con la educación particular que el mismo proyecto acepta y dice “respetar”? “Universal”, es decir, que debe alcanzar a todos. Pero se da el caso de que la Iglesia y la educación privada cubren la mitad de las necesidades educativas del país, a las que el Estado no llega. “Participativa”: Quiero suponer que aquí debería explicitarse la participación de los padres de familia.

“Comunitaria”, esta propiedad  se repite hasta hacer pensar que, tanta comunidad no deja espacio para la privacidad, sea de la persona o de la familia. “Descolonizadora”, ésta es la bomba: ¿Habrá que empezar a descolonizar aboliendo del uso común el castellano, por haber sido lo que algunos triunfalistas llamaron “la lengua del imperio”? Y seguimos: la educación deberá ser “de calidad”, aquí estamos de acuerdo: que el Estado dé el ejemplo pues, si se compara la educación pública con la privada, se comprueba que la fiscal es la peor.

Una de las propuestas de los obispos es que los directores y el personal docente de los colegios de convenio deben responder al pensamiento de la Iglesia, que es la creadora y gestora de ese sistema escolar. ¿Confiarían los padres de los alumnos de esos establecimientos a unos (unas) directores (directoras), además de los y las docentes, que fueran trotskistas, ateos redomados? La conclusión es que el Gobierno se ha propuesto moldear a su gusto —anticapitalista, antipatriarcal y descolonizador— la mente de la infancia y juventud bolivianas.

La Razón


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